El Gobierno ha decidido legislar a favor de la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio, un año después de que se comprometiera a ello con Unión Progreso y Democracia. En junio de 2012, Rosa Díez pidió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, una ley que convirtiera la custodia compartida en la norma, y no en la excepción. El ministro se comprometió a elaborar una ley antes de final de año. Con siete meses de retraso, ha anunciado que por fin se hará.

Custodia compartida

La lucha por la custodia compartida no es ideológica, aunque algunos quieran hacerla pasar por tal. Los estudios demuestran que los niños sufren menos cuando pueden convivir alternativamente con ambos padres, en lugar de vivir con uno y ver al otro apenas cuatro o cinco días al mes. El anuncio del Gobierno parece que dará al juez la oportunidad de analizar la situación y establecer un régimen de custodia compartida cuando sea lo más conveniente, incluso contra la opinión de los padres. Por tanto, tal y como pedía UPyD, el foco se pone sobre los derechos y el bienestar de los hijos.

Hasta ahora, la custodia era individual en prácticamente todos los casos, y en el 95% de las ocasiones se otorgaba a la madre. Esta situación no parece que fuera la mejor para los menores, pero tampoco para las madres. Muchas, se veían ante una gran responsabilidad y una limitación que les afectaba en el terreno profesional. Sin embargo, este estado de cosas ha sido defendido, y todavía lo es, por ciertos sectores políticos inmunes a la realidad y a los datos. Bajo la retórica falsamente progresista contraria a la custodia compartida, subyace el prejuicio de que en los casos de divorcio la culpa siempre es del hombre. Curiosamente, este prejuicio enlaza con otro de tono muy conservador: el rol de los padres es aportar recursos y el de las madres educar y dar afecto. 

Esto ha cambiado mucho. Los poderes públicos y amplios sectores sociales han hecho un esfuerzo por concienciar a las familias sobre la importancia de que ambos progenitores se involucren en todos los aspectos de la crianza de los hijos. La disminución de las desigualdades laborales entre hombres y mujeres pasa por compartir las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Desde el punto de vista de la igualdad, la custodia compartida – siempre que proceda – es lo más sensato. Una igualdad que también se estaba rompiendo territorialmente: algunas CCAA ya habían legislado sobre el asunto, estableciendo nuevas diferencias entre ciudadanos según la parte de España en la que vivieran.

El nuevo marco legal será más igualitario, más flexible y, sobre todo, tendrá como centro el interés de los menores. Es una gran muestra de lo que da de sí la política respetuosa con las instituciones. Al Parlamento le corresponde el impulso legislativo, y con esta función cumplió UPyD cuando interpeló al Gobierno. Éste, aunque se haya tomado su tiempo, ha atendido a la petición del Congreso, y ahora enviará el texto a la misma Cámara para su tramitación. En la cual, los grupos políticos podrán debatir, valorar y enmendar la ley, que deberá ser aprobada por los representantes de los ciudadanos. Buena parte de nuestros problemas viene de que esta forma de funcionar de las instituciones democráticas sea más la excepción que la norma.


http://www.upyd.es/contenidos/noticias/430/101163-Custodia_compartida_en_defensa_de_los_derechos_del_menor

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