El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este miércoles en el Senado que la custodia compartida “no tiene por qué ser la regla general, pero tampoco una excepción”, como ocurre en la actualidad, ya que a su juicio, es el modelo “que garantiza el equilibrio en la formación de los hijos menores”. No obstante, ha reiterado que “en ningún caso” se permitirá para los condenados por violencia de género.

Catalá defendía así a preguntas del PSOE en el Pleno del Senado la necesidad del anteproyecto de Ley de Corresponsabilidad Parental, reactivado en las últimas semanas, que contempla, entre otras medidas, que “excepcionalmente” el juez pueda fijar un régimen de estancia con los hijos para un condenado por violencia de género, acordar custodia compartida aunque ningún progenitor la pida o asignarla a unos padres que se han denunciado entre sí por maltrato.

Para Catalá, la custodia compartida “debería ser el régimen más normal cuando existe acuerdo entre progenitores, porque garantiza el equilibrio en la formación de los hijos menores”, pero “como no suele ser ese equilibrio el que predomina en los procesos de ruptura matrimonial”, un juez “apoyado por los especialistas en menores”, podrá hacer valer su interés y “determinar quién debe ostentar la custodia”, sea uno de los progenitores “o los dos”.

Según ha dicho, “la custodia compartida hoy es una excepción y no tiene por qué ser la regla general, pero tampoco una excepción” y es “en eso” en lo que trabaja su departamento. En todo caso, ha afirmado que el juez “no podrá imponer, sino que podrá acordar, como ya existe hoy, la custodia compartida en determinadas circunstancias, cuando lo soliciten las partes o cuando en interés superior del menor sea la solución más adecuada”.

“No hay razón  para esta reforma”

 

La senadora socialista Isabel Fernández Florez, sin embargo, considera que no hay razón ni necesidad para esta reforma, que “abre la puerta a que un condenado por violencia de género” pueda acceder a la custodia. En su opinión, dado que este modelo fue reformado en el año 2005, “funciona bien, no ha habido demasiadas peticiones ni la sociedad ha cambiado tanto”, lo que “subyace en el fondo” de esta iniciativa del Gobierno es “esa obsesión que tiene por cambiar todo lo que hicieron los socialistas”.

Fernández Florez ha incidido en el redactado del anteproyecto que el Ministerio ha mostrado en la ronda de consultas, le ha recordado que tanto asociaciones de mujeres como de juristas se han mostrado en contra y le ha pedido que la retire, “porque un maltratador nunca es una buena persona y por lo tanto, nunca puede ser un buen padre”. “No dejemos que los menores convivan con ellos y los eduquen en sus valores”, ha sentenciado.

“Claro, tajante y estricto”

 

Sobre este asunto, el ministro ha asegurado que “en ningún caso el Gobierno va a promover la aprobación de una ley en la que exista ninguna posibilidad de que un condenado por violencia doméstica pueda tener asignada la custodia compartida” de sus hijos menores de edad. “Eso es claro, es tajante y es estricto en nuestro planteamiento”, ha sentenciado, en línea con lo declarado esta mañana en una entrevista en televisión. 

“Nada más lejos de la voluntad de este Gobierno que proponer una reforma del Código Civil que permita que personas condenadas por maltrato tengan custodia o incluso tengan régimen de visitas con sus hijos, porque es cierto que estamos comprobando que en la situación actual se están produciendo innumerables ejemplos de violencia de género respecto a la pareja y respecto a los hijos por personas con este perfil delictivo”, ha añadido el ministro.

En su opinión, “como esto ya está pasando en la actualidad, parece razonable abordar alguna reforma” y en eso se está trabajando manteniendo reuniones “con decenas de asociaciones” para “estudiar la casuística” que existe, habiendo constatado que “la situación actual genera problemas muy serios, problemas de convivencia y también problemas de violencia”.

“Lo que aseguro que es que el Gobierno si finalmente presenta un proyecto de ley, será porque hayamos atendido a una demanda social, a una realidad social y ese proyecto estará cargado de sentido y de razón como son los proyectos que este Gobierno presenta a las Cortes Generales”, ha asegurado.

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