La duplicidad de los gastos en caso de divorcio o separación y los costes económicos que implica el mantenimiento de dos viviendas son algunas de las causas que han motivado el nuevo descenso de las rupturas matrimoniales en la provincia de Granada durante 2013, situándose a niveles de hace 13 años. En números, la disminución es de un 20,5% con respecto al año anterior, al pasar de 2.327 a 1.931. 

Los divorcios, separaciones y nulidades habían experimentado un repunte hasta 2007; sin embargo, desde el año siguiente se instaló en la tendencia negativa, aunque con un repunte en 2011 y 2012. Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se explica que en los últimos siete años no sólo se ha cortado la tendencia creciente de las rupturas matrimoniales, sino que se ha registrado un descenso a niveles de 2001. 

Los costes de separarse implican dos viviendas y, en la actual situación de crisis económica, hay parejas que quieren separarse pero no pueden permitirse sufragar sus necesidades económicas. El CSIC destaca el aumento de parejas jóvenes que no se casan, sino que optan por uniones de hecho, que tienen unas tasas de separación más altas que los matrimonios por su carácter heterogéneo. Hay un dato que revela la importancia de las uniones de hecho: el 20% de los niños en España nacen en este tipo de uniones, lo que supone uno de cada cinco nacimientos. El perfil de las mujeres que rompen su matrimonio está cambiando, ya que antes las féminas con más recursos se divorciaban más que las que cuentan con menos y, ahora, todos los estratos sociales se han igualado en el acceso al divorcio. Los expertos señalan que tras la entrada en vigor de la ley del divorcio exprés en 2005 las rupturas matrimoniales han ido en aumento, pero la crisis ha motivado un descenso por razones económicas. 

“Separarse es muy costoso, hay que pagar abogados, los gastos se duplican y se necesitan dos viviendas en lugar de una”, precisa José Manuel Martínez, letrado especialista en divorcios que expresa su preocupación por el incremento de las disoluciones de matrimonios por vía contenciosa. En 2013 uno de cada tres divorcios (35%) fue por lo contencioso, dato que en las separaciones fue del 24%. En ambos casos, la duración de los procedimientos no llega a los seis meses en ocho de cada diez matrimonios. 

El 61% de los divorcios se produjeron tras más de 10 años de matrimonio. En el caso de las separaciones, el 86% de los matrimonios tuvieron una duración superior a los 10 años. El 87,8% no tenían una separación previa (1.600). Respecto a los hijos, 731 de los 1.822 divorcios no tenían hijos y 604, tenían dos o más. 

La mayoría de los divorcios entre cónyuges de diferentes sexo en Granada durante 2013 tuvieron lugar en la franja de edad entre 25 y 44 años.

La custodia compartida de los hijos es un derecho cada vez más reclamado aunque en el último año han caído. Esta opción se concedió en el 4,2% de los divorcios de parejas con menores registradas en 2013 (78 casos) frente al 4,8% del año anterior (107), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La disminución de la corresponsabilidad parental discurre en paralelo al retroceso también de la custodia materna. Aunque el cuidado de la madre sigue siendo mayoritario (48,3%), cae tres puntos en un año (51,7% en 2012). Esta tendencia es contraria en la custodia paterna. En 2013 fue del 3,3% de los casos y un año antes era del 2,3%. 

¿A qué responde el aumento de la custodia compartida? Existen varios factores que explican la evolución del escenario de la responsabilidad de la pareja en el cuidado de los hijos. Uno de ellos es el giro impulsado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de octubre de 2012, que se va traduciendo en un progresivo cambio de postura entre los jueces, más favorable hacia la corresponsabilidad. Hasta entonces, si no había acuerdo entre los padres, los magistrados no podían conceder la custodia compartida sin el informe favorable de la Fiscalía. Es decir, la opinión del Ministerio Público prevalecía frente al juez. El Constitucional acabó con esta situación que, entendía, rompía el “principio de exclusividad” de jueces y magistrados. 

Otra causa destacada por los expertos son los usos sociales: si cuando la pareja existe se comparte el cuidado de los hijos, porque se iba a cambiar tras la ruptura. Un tercer factor es que desde 2010 distintas comunidades autónomas han impulsado leyes que contemplan la custodia compartida como norma general. Primero fue Aragón, y detrás llegaron la Comunidad Valenciana, Cataluña o Navarra. 

En el ámbito estatal, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene pendiente la presentación del proyecto definitivo para la reforma de la custodia compartida, que se ha retrasado por la dimisión del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón. De momento, el Consejo de Estado ha rechazado imponer esta solución si los padres no lo piden.

 

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