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En el mes de marzo, en Andalucía, es cuando se hace la solicitud de escolarización de nuestros hijos. Creemos que es también el momento, para que hagáis llegar a esos Centros escolares, la situación de Leer más…
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, avanza que elaborará un plan de choque para descongestionar el gabinete psicosocial de los juzgados de Valencia, con el objetivo de reducir los plazos de resolución de las cuestiones de familia que afectan a menores en casos de separación o divorcio.
La primera reunión entre Bravo y De la Oliva pone de relieve las «graves deficiencias» del proceso
PACO CERDÀ | VALENCIA Acortar el sufrimiento de los menores en los divorcios de sus padres y reducir el tiempo de espera en la asignación de la tutela pasa a ser un objetivo prioritario de la nueva consellera de Justicia. Gabriela Bravo, que se reunió ayer con la presidenta del TSJ valenciano, Pilar de la Oliva, y con las vocales del Consejo General del Poder Judicial Carmen Llombart y Mar Cabrejas, anunció a la salida de la cita que uno de los problemas que su departamento abordará de manera prioritaria es el que perjudica a los menores. Ahora mismo, señaló Bravo, los informes psicosociales tardan «hasta nueve meses» en los casos ordinarios de separación o divorcios con hijos por medio. El objetivo es que esos informes necesarios para la decisión judicial no tarden más de un mes en emitirse, agregó la consellera, que alertó sobre las «graves deficiencias» de personal que lastra al gabinete psicosocial de Valencia.
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Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal. Con este cambio legislativo el incumplimiento de las obligaciones familiares dejará de ser considerado falta, lo que afecta especialmente a los casos de separación y divorcio. Es muy frecuente que los juzgados de instrucción resuelvan conflictos entre progenitores que están separados o divorciados porincumplimientos del régimen de visitas de los hijos, comunicaciones y estancias, establecidos en un convenio judicialmente aprobado o en la sentencia de un juez. «Todos los días en los tribunales tenemos casos de un padre o madre que ha sido denunciado por el otro progenitor por retrasarse en la hora de entregar al hijo, o porque se ha quedado un día más con él en vacaciones o porque no deja que el menor hable por teléfono con el padre que no está», afirma Lara Sánchez, abogada del gabinete ABA Abogadas.
Helena Martínez lo tiene muy claro. En su opinión, existe un desconocimiento «muy grande» sobre la custodia compartida en España, «incluso se atreve a afirmar dentro del mundo jurídico, que es muy amplio». Este es, reflexiona, el motivo por el que hasta ahora se han concedido tan pocas medidas de este tipo, al menos hasta que el Tribunal Supremo ha creado jurisprudencia al respecto y la custodia individual de los hijos ha dejado de ser la primera opción. «Era lo que se había hecho siempre y supongo que resultaba más cómodo seguir esa línea: fines de semana alternos y la custodia para la madre», apunta esta profesora de Derecho Civil en la Universidad de Vigo, que forma parte de la Comisión Superior para el Estudio y Desarrollo del Derecho Civil en Galicia, un órgano consultivo de la Xunta en el que se ocupa específicamente de la custodia compartida y de las parejas de hecho.
El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado hoy que si gobierna su partido reformarán el código foral para que la custodia compartida de menores no sea un derecho preferente.
Así lo ha manifestado Lambán a los medios con motivo de su visita a la localidad de Sádaba (Zaragoza), a la que ha acudido hoy también la presidenta federal del PSOE, Micaela Navarro, para participar en el acto de presentación del candidato a la Alcaldía de este municipio, Santos Navarro, y dar a conocer el programa electoral en materia de igualdad.
Lambán ha justificado su propuesta para los casos en los que no se decida la custodia de mutuo acuerdo entre los progenitores y deban ser los tribunales los que determinen cómo organizan la custodia de los menores en función de los intereses de éste, según se recoge en los audios facilitados a Efe por el PSOE.
La custodia compartida ya no es una excepción. Lo dice el Tribunal Supremo, que apuesta firmemente por esta fórmula pese a los roces que puedan existir entre los padres. En concreto, el TS dicta que la existencia de «divergencias razonables» en una expareja no suponen un impedimento para que el juez falle a favor de este régimen en el que padre y madre ejercen la custodia legal de los hijos menores de edad en igualdad de condiciones y de derechos. Lo que prima es la integración del menor con sus dos progenitores, dice una sentencia del Supremo que trascendió hace unos días. Ese fallo, que resolvió un caso en el que fue el padre quien solicitó la custodia compartida, pone por delante la importancia de que el hijo no sufra el sentimiento de pérdida. Es más, resulta «deseable», dicen los magistrados, porque evita los desequilibrios y «no cuestiona la idoneidad de los padres estimando su cooperación en beneficio del menor»
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«Un día estaba sentada en una cafetería y un niño que tendría no más de seis años se acercó a su padre y le dijo 'me ha dicho mamá que no me quieres'. Aquel día quise que se hiciera pronto de noche». Así describe la escritora y guionista valenciana Carmen Serrano la escena que la empujó a escribir sobre la custodias compartidas y los obstáculos a los que se enfrentan muchos padres para ver a sus hijos. Serrano es una de las invitadas en el I Congreso internacional de custodia compartida y protección jurídica del menor, que se celebrará en Alicante los próximos 24 y 25 de abril. Magistrados, abogados y psicólogos europeos abordarán el derecho natural de los hijos a crecer en igualdad con ambos progenitores . Además, una conocida actriz española contará a los asistentes su experiencia: lleva meses sin ver a su nieto porque su hijo aún pleitea en los tribunales para que le concedan la custodia compartida.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac) acaba de posicionarse del lado del contribuyente al fijar, a través de una resolución, que es compatible el tratamiento fiscal que la Ley del IRPF otorga a las anualidades por alimentos satisfechas en virtud de decisión judicial a favor de los hijos -en aquellos casos en los que el contribuyente tenga concedida la guardia y custodia compartida-, con la aplicación concurrente del mínimo por descendientes.
